Noticias de actualidad

Periódicamente, le transmitiremos las últimas noticias en materia fiscal y sobre nuestra gestoría.

PROPUESTA CIRCULAR AUTONOMOS 2013

 

Distingits
senyors,

 

Els
comuniquem que durant el mes de OCTUBRE
(abans de l’1 de novembre),
tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de
Treballadors autònoms
i la quota a pagar.

 

Aquesta modificació tindrà efectes a
partir de l’1 de gener
de 2014.

 

Adjuntem, a títol d’exemple, escala
comparativa amb algunes opcions

(
imports vigents a 2013).

 

Base de cotización

€/mes

Tipo de Cotización

contigencias comunes

– cobertura IT

Cuota a pagar

€/mes

858,60

- mínima
  al 2013 -

29,90 % *

256,72

925,80

mínima per treballadors de 48 o més a 01-01-2013, llevat d’excepcions

29,90 %

276,81

1.000

29,90 %

299

1.202

29,90 %

359,40

1.888,80

màxima per treballadors de 47, 48, 49 y 50 anys o
  més,
llevat d’excepcions

 

29,90 %

564,75

3.425,70

- màxima al 2013 -

29,90 %

1.024,28

 

*29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (pels autònoms sense protecció
per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i
cessament d’activitat)

 

Així mateix, els recordem,
que la Tesoreria General de la
Seguretat Social, podrà incrementar,
anualment i de forma automàtica,
la seva base de cotització en mateix percentatge
que s’augmenti cada any les bases màximes de cotització en aquest règim
especial, prèvia sol·licitud abans del dia 1 de novembre.

 

 

També els informem que poden optar por la cobertura de les contingències professionals
(accident
de treball i malaltia professional)

y de la
protecció por cessament    d’ activitat abans de l’1 d’octubre
(fins el 30 de SETEMBRE).

 

 

Si està interessat en modificar la base de cotització o quota (amb la finalitat
d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’Incapacitat
Temporal),

i/o optar per les esmentades cobertures, els agrairíem que ens ho fessin saber
amb la màxima antelació possible.

 

 

Atentament,ABP



Trabajadores a tiempo parcial

Tabla comparativa de las disposiciones en materia social modificadas por el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto

 

VER DOCUMENTO

 

fecha: 18/09/2013

El Gobierno aprueba el anteproyecto de la reforma de pensiones, que se desvincularán del IPC

Báñez asegura que está dispuesta a analizar las propuestas de los agentes para mejorar el texto y aprobar la reforma con el máximo consenso

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones, que desvincula estas prestaciones del IPC y que introduce el llamado 'factor de sostenibilidad' a partir de 2019.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la voluntad del Gobierno es "escuchar y tomar en consideración" todas las aportaciones que puedan hacerse para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sistema público de pensiones.

El anteproyecto, que será enviado al Consejo Económico y Social (CES) para que emita su dictamen, contempla un nuevo índice para referenciar la actualización de las pensiones diferente del IPC, para evitar que las pensiones puedan en lo sucesivo congelarse o incluso rebajarse. Este índice empezará a aplicarse ya el próximo año.

El nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social tomando como referencia las medidas de once ejercicios para modular los datos y evitar cambios bruscos en el sistema. Además, aplicará un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%, de modo que las pensiones no puedan ni subir ni bajar por encima de esos valores.

Según la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el nuevo índice es "más completo y global", ya que tiene en cuenta la inflación, pero también la situación económica del país en cada momento. "La propuesta es que las pensiones no se congelen nunca y que suban siempre en función de las circunstancias económicas y de lo que el país se pueda permitir", ha señalado Báñez, tras destacar además que se elimina la discrecionalidad política y se garantiza la racionalidad en el sistema.

El factor de sostenibilidad, por su parte, no entrará en vigor hasta finales de la próxima legislatura (2019) y vinculará las pensiones a la demografía, garantizando así que los pensionistas de diferentes generaciones tendrán pensiones similares si realizan contribuciones iguales al sistema. "Con salarios y cotizaciones iguales un jubilado de ahora puede cobrar la misma pensión que cobrará su hijo o su nieto", ha explicado Báñez, tras asegurar que el objetivo es garantizar la "columna vertebral" del sistema: la solidaridad.

Con todo, la ministra ha asegurado que se trata de la reforma "más importante" en términos sociales que ha aprobado el Gobierno, y ha garantizado que dará "confianza, tranquilidad y certidumbre" tanto a los pensionistas presentes como a los futuros, a los que ha garantizado que van a poder disfrutar de pensiones públicas. "Tengan la confianza de que los jóvenes de hoy van a ser los pensionistas del mañana", ha añadido.

TIEMPO PARA EL CONSENSO

Tras la aprobación del anteproyecto, el Gobierno abre un periodo de diálogo y negociación con los agentes sociales y los grupos políticos para poder incorporar al texto propuestas que lo enriquezcan. Una vez incorporadas las aportaciones oportunas, el Ejecutivo espera que la ley esté aprobada el 31 de diciembre de este año.

Según Báñez, con la presentación de esta reforma el Gobierno cumple el mandato legislativo de la ley de 2011 sobre la definición del factor de sostenibilidad. "Lo hace con tiempo y con diálogo", ha dicho, tras insistir en que buscarán el mayor consenso sobre un tema "capital" como el sistema de pensiones, que es el "corazón" del estado del bienestar.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de los agentes sociales y políticos porque ha llegado el momento del "diálogo hasta el final", la negociación y la presentación de alternativas y propuestas que mejoren la que ha presentado el Gobierno.

EFECTOS A LARGO PLAZO

En cualquier caso, Báñez ha recordado que los resultados de las reformas de los sistemas de pensiones se ven décadas después, como ha pasado con el Fondo de Reserva, que se creó en 1997 y no se empezó a utilizar hasta el año pasado. "Así son estas reformas", ha dicho.

Aún así, ha garantizado que el único objetivo del cambio es conservar y consolidar el sistema público y su condición de sistema de reparto, ofrecer tranquilidad y seguridad a los pensionistas y garantizar la salud financiera de un sistema que tiene que ser autofinanciable y sostenible en el futuro.

 

VER DOCUMENTO

 

Fecha: 13/09/2013



NOVEDAD PROTECCION DE DEUDORES HIPOTECARIOS SIN RECURSOS - AECE

Por su interés os informamos que ha sido aprobado el  Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

El modelo de protección diseñado gira en torno a la elaboración de un código de buenas prácticas al que, voluntariamente, podrán adherirse las entidades de crédito y demás entidades que, de manera profesional, realizan la actividad de concesión de préstamos o
créditos hipotecarios, y cuyo seguimiento por aquellas será supervisado por una
comisión de control integrada por representantes del Ministerio de Economía y
Competitividad, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y
Asociación Hipotecaria Española.


El citado Código incluye
tres fases de actuación:


1º La primera, dirigida a procurar la reestructuración viable de la deuda hipotecaria, a través de la aplicación a los préstamos o créditos de una carencia en la amortización de
capital y una reducción del tipo de interés durante cuatros años y la ampliación del plazo total de amortización.


2º En segundo lugar, de no resultar suficiente la reestructuración anterior, las entidades podrán, en sucaso, y con carácter potestativo, ofrecer a los deudores una quita sobre el
conjunto de su deuda.


3º  Y, finalmente, si ninguna de las dos medidas anteriores logra reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores a límites asumibles para su viabilidad financiera, estos podrán solicitar, y las entidades deberán aceptar, la dación en pago como medio
liberatorio definitivo de la deuda. En este último supuesto, las familias podrán
permanecer en su vivienda durante de un plazo de dos años satisfaciendo una
renta asumible.


Asimismo, se moderan los tipos de interés moratorios aplicables a los contratos de crédito o préstamo hipotecario. Esta reducción pretende disminuir la carga financiera generada en casos de incumplimiento por impago de los deudores
protegidos.


Las medidas anteriores se complementan con otras modificaciones legales de índole procesal y fiscal. En materia procesal se procede a simplificar y aclarar el procedimiento de ejecución extrajudicial previendo una subasta única y un importe mínimo de adjudicación y remitiendo a un posterior desarrollo reglamentario la regulación de la venta extrajudicial, posibilitando, entre otras medidas, la subasta on
line. En materia fiscal, las escrituras públicas de formalización de las
novaciones contractuales que se produzcan al amparo del Código de Buenas
Prácticas quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la
modalidad de Actos Jurídicos Documentados.


El ámbito de aplicación del presente Real Decreto-Ley es para el deudor que se encuentre situado en el umbral de exclusión.

Se considera umbral de exclusión:

Aquellos deudores de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos todas las circunstancias siguientes:
a) Que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas derivadas del trabajo o de actividades económicas. A estos efectos se entenderá por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos con independencia de su edad que residan en la vivienda.

b) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 60 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

c) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

e) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías, reales o personales o, en el caso de existir estas últimas, que en todos los garantes concurran las
circunstancias expresadas en las letras b) y c).


f) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, deberán estar incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores.

Finalmente recordad que el Código de Buenas prácticas es de adhesión voluntaria y se extenderá a las hipotecas constituidas en garantía de préstamos o créditos concedidos para la compraventa de viviendas cuyo precio de adquisición no hubiese excedido de los siguientes valores:
a) para municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 200.000 euros;
b) para municipios de entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes o los integrados en áreas metropolitanas de municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 180.000 euros;
c) para municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes: 150.000 euros; d) para municipios de hasta 100.000 habitantes: 120.000 euros.

Desde la adhesión de la entidad de crédito, y una vez que se produzca la acreditación por parte del deudor de que se encuentra situado dentro del umbral de exclusión, serán de obligada aplicación las previsiones del Código de Buenas Prácticas.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá compeler a la otra a la
formalización en escritura pública de la novación del contrato resultante de la
aplicación de las previsiones contenidas en el Código de Buenas Prácticas. Los
costes de dicha formalización correrán a cargo de la parte que la
solicite.


No obstante, los expertos creen que por razones de imagen, prestigio y competencia, la mayoría de las entidades de crédito se adhieran al mismo.

Estará exenta del Impuesto  sobre la Renta de las  Personas Físicas la ganancia patrimonial que se pudiera generar en los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma.

El real decreto-ley
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»

MEDIDA FISCAL EN APOYO A LOS EMPRENDEDORES EN LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL. Real Decreto Ley 3/2012

 

Nos gustaría, a grandes rasgos, aclarar algunos de los aspectos más importantes del RDL 3/2012 y en este caso nos centraremos en el nuevo contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores.

 

Requisitos:

  • La empresa ha de tener menos de 50 trabajadores.
  • El contrato ha de ser por tiempo indefinido y a jornada completa.
  • El contrato ha de formalizarse por escrito en el modelo que se establezca.
  • El régimen jurídico del contrato, así como los derechos y obligaciones del mismo se regirán por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo definido.
  • La duración del periodo de prueba será de un año en todo caso.
  • La empresa no ha de haber extinguido contratos por causas objetivas declaradas improcedentes por sentencia judicial, ni tampoco haber procedido a un despido colectivo, en los 6 meses anteriores a la celebración del contrato.
  • En los dos supuestos anteriormente comentados, la limitación afectará únicamente a las extinciones y despidos producidos con posterioridad al 12/02/2012, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo.

 

INCENTIVOS FISCALES

 

  •  En el supuesto de que el primer contrato de trabajo concertado por la empresa se realice a un menor de 30 años: deducción fiscal de € 3.000,00
  • Adicionalmente a lo anteriormente comentado, en caso de contratar desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo: deducción fiscal con un importe equivalente al 50% de la presetación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación, con el límite de 12 mensualidades, y de acuerdo con las reglas siguientes:
  1. El trabajador contratado deberá haber percibido la prestación durante, al menos, 3 meses en el momento de la contratación.
  2. El importe de la deducción a que tiene derecho la empresa quedará fijado en la fecha de inicio de la relación laboral y no se modificará por las circunstancias que se produzcan con posterioridad.
  3. La empresa está obligada a requerir al trabajador un certificado del Servicio Público de Empleo Estatal que haga referencia al importe de la prestación pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio de la relación laboral.

 

El trabajador contratado podrá, de manera voluntaria, compatibilizar cada mes, junto con el salario, el 25% de la cuantia de la prestación que tuviera reconocida y pendiente de percibir en el momento de la contratación.

 

IMPORTANTE:

 

Para la aplicación de los incentivos comentados anteriormente, el empresario deberá mantener en el empleo al trabajador contratado durante al menos 3 años desde la fecha del inicio de la relación laboral. En caso de incumplimiento de este periodo mínimo de tiempo deberá reintegrar los beneficios fiscales obtenidos.

 

Pero nunca consideraremos incumplido este plazo si el contrato de trabajo se extingue por despido disciplinario declarado o reconocido como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

 

Gracias, esperamos que os sirva de ayuda.

 

ABP

 

 

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